Editor
Por la importancia de conocer las medidas para garantizar el acceso de los indígenas a la justicia y la protección de sus derechos, la Procuraduría General de la República deberá entregar la versión pública de 36 opiniones técnico-jurídicas.
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la dependencia federal dar a conocer esta información, que se reservó con el argumento de que los documentos forman parte de una averiguación previa.
Un particular había solicitado las referidas opiniones técnico-jurídicas emitidas entre el 1 de septiembre de 2014 y el 30 de junio de 2015 por la Unidad Especializada para la Atención de Asuntos Indígenas, a las que alude el Informe de Gobierno 2015 de la propia procuraduría.
A raíz de la queja del particular y en vía de alegatos, la PGR reiteró su respuesta y agregó que las referidas opiniones contienen datos personales de las personas involucradas como nombre y etnia, así como de personal de la procuraduría cuya publicación podría poner en riesgo su seguridad.
Al analizar el caso, la comisionada Areli Cano Guadiana concluyó que publicar esta información no implica acceder a la averiguación previa, porque los documentos forman parte del expediente administrativo que la Unidad Especializada abre en otro lugar y momento.
Proporcionar esos documentos no lesiona la capacidad del Ministerio Público para realizar la investigación, abundó, pues la información no constituye elemento de prueba para acreditar los presuntos delitos.
Asimismo las averiguaciones previas con las que se relacionan las opiniones se encuentran ya consignadas, por lo que entregarlas no afecta la investigación.
Sobre la publicación del nombre de los peritos, dijo que estos funcionarios no tienen atribuciones operativas para la persecución de delitos, por tanto no está en riesgo su integridad.
El Inai determinó, además, no revelar el nombre de los indígenas a cuyos casos se refieren las opiniones técnico-jurídicas, aunque su etnia sí.
Al argumentar su propuesta ante sus colegas del pleno del Inai, la comisionada Cano Guadiana recordó que según la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, más de ocho mil 500 personas de pueblos originarios se encuentran privados de su libertad.
Por lo tanto, publicar las opiniones jurídicas ayudará a conocer las medidas adoptadas para que los indígenas, muchos de ellos en situación vulnerable, accedan a la justicia.
La funcionaria del Inai recordó que el relator especial de Naciones Unidas sobre Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de los Indígenas, así como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han señalado que en México hacen falta intérpretes en lenguas originales en los procesos judiciales.
Además de capacitación para los agentes del Ministerio Público y jueces respecto las costumbres jurídicas indígenas.
NTX
