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El sector industrial anunció que está listo para participar en la construcción de mayor infraestructura en las redes de distribución de hidrocarburos en territorio mexicano.
Francisco Funtanet Mange, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), señaló que existen diversas empresas nacionales con la capacidad y experiencia para llevar a cabo las obras, una vez que las autoridades de la Secretaría de Energía (Sener) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), den a conocer las pre-bases de licitación para el desarrollo de estas obras.
En un comunicado de prensa, dijo: “estamos convencidos de la capacidad de las empresas mexicanas para tener una amplia participación en la modernización del sector energético mexicano”.
Hace unos días, Enrique Ochoa Reza, director de la CFE, anunció la construcción de 5 nuevos gasoductos con una inversión de aproximadamente dos mil 250 millones de dólares, en coordinación con el sector privado.
Uno de esos gasoductos va de Ojinaga a El Encino, Chihuahua; otro del Encino a La Laguna, Durango; un tercero en Waha, EU a Samalayuca, Chihuahua; otro también de Waha hacia Ojinaga y el quinto saldrá de Ehrenberg, EU, hacia San Luis Río Colorado, Sonora.
En ese sentido, el presidente de la Concamin apuntó que la efectiva coordinación entre el gobierno y la industria, que han establecido desde hace un par de años, están sentando las bases para contar con una mejor infraestructura energética en todo el territorio nacional, y de esta manera garantizar el abasto de un hidrocarburo que es empleado por prácticamente todas las ramas productivas del país.
Insistió que la reforma energética abre nuevas oportunidades para el desarrollo y modernización de este sector, por lo que hizo un llamado a los legisladores de las diversas fracciones representadas en el Congreso de la Unión.
Funtanet llamó a discutir y aprobar en un periodo extraordinario previsto para junio las leyes secundarias de esta reforma, y que sean acordes con las necesidades y retos de las empresas nacionales, para garantizar que los cambios constitucionales se conviertan en un detonador de la productividad y la generación de empleos en México.
El Financiero
