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El diputado Miguel Alonso Raya urgió a aplicar medidas para erradicar los casos relacionados con abuso y acoso sexual, hostigamiento, violación y tocamientos en escuelas públicas y privadas, desde educación inicial hasta media superior.
Destacó que la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes que discute el Congreso prevé mecanismos de mediación, estrategias y acciones para prevenir y erradicar situaciones de ese tipo.
El líder del PRD en la Cámara de Diputados subrayó que en la propuesta también se establece el principio y el derecho de vivir una vida libre de violencia, y la creación de procuradurías para una efectiva protección de ese sector de la población.
Alonso Raya enfatizó que la ley garantiza la participación de los sectores público, social y privado y de la sociedad civil en la definición y la instrumentación de políticas para la garantía y la protección integral infantil y juvenil.
Planteó que el Estado tiene la obligación de proteger a niñas y niños y adolescentes, de garantizar plenamente sus derechos y de cuidar su integridad, por lo que las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) deben ser de aplicación inmediata.
El diputado federal indicó que entre 2000 y 2014 se registraron 190 quejas relacionadas con abusos en las que se señaló como autoridad responsable a las secretarías de Educación Pública federal y de diversas entidades federativas.
Ante ello, agregó, la CNDH emitió 14 recomendaciones a la SEP, a los gobernadores y al jefe de Gobierno del Distrito Federal para que tomen las acciones necesarias para proteger la integridad de los infantes y adolescentes en las escuelas.
Comentó que según el organismo defensor las denuncias presentadas en esos últimos 14 años hicieron alusión a 210 agraviados de entre cero y 17 años de edad, de los que 146 fueron niñas y 64 niños.
Respecto a las personas que presuntamente abusaron sexualmente de la niña o el niño se observa que de los 233 presuntos agresores señalados por los quejosos 218 eran hombres y 15 mujeres, destacando que 107 eran alumnos y 126 formaban parte del personal del centro escolar donde ocurrieron los hechos.
Asimismo, destacó que una queja fue presentada por hechos ocurridos en educación inicial, 24 por casos suscitados en centros de educación a nivel preescolar, 71 en primaria, 52 en secundaria, 37 en educación media superior y cinco en centros de educación especial.
Hizo notar que el organismo documentó que eran 28 los agresores o servidores públicos involucrados en los hechos, de los que 21 eran hombres y siete mujeres, quienes desempeñaban diferentes cargos en los centros escolares en los que ocurrió el abuso.
El legislador perredista apuntó que de acuerdo con la información de la CNDH el Distrito Federal encabeza el primer lugar por el número de quejas por violencia sexual escolar con 546, seguido de Veracruz con 190, Estado de México con 156, Jalisco con 139 y Guanajuato con 124.
Ante ese panorama consideró que las recomendaciones deben convertirse en una especie de alerta generalizada por parte del sistema educativo nacional.
Estableció que la alerta debe implicar acciones preventivas en todo el sistema educativo nacional, como mayores medidas de seguridad en las escuelas y alrededores, mecanismos que permitan detectar con oportunidad situaciones de riesgo para la comunidad estudiantil.
También, agregó, debe haber capacitación continua al personal docente, de apoyo y administrativo, así como de atención y seguimiento en casos de denuncias, ampliación de los programas de educación sexual y violencia escolar para los alumnos e involucrar a los padres de familias y a la comunidad en esas medidas.
NTX
