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Por primera vez representantes de los tres Poderes de la Unión se reunieron en esta capital maya para analizar el adelanto jurídico de las mujeres, convocados por el Instituto Nacional de las Mujeres, que preside Lorena Cruz Sánchez.
En esta ciudad, en la que hace casi ya cien años se realizó el Primer Congreso Feminista de México (enero 1916), donde nacieron los derechos electorales en 1922, y el lugar de la demanda de los derechos sexuales y reproductivos en la misma época, 400 personas, entre diputadas locales y federales, funcionarias de distintos niveles, la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres, expertas y directoras de institutos de las mujeres, discuten hasta dónde las leyes locales han eliminado la discriminación femenina.
Por lo pronto se sabe que sólo en tres entidades se ha incorporado la perspectiva de género en el presupuesto y sólo en cuatro se han etiquetado recursos específicos.
Es decir, en materia de dinero para el adelanto de las mujeres hay un rezago preocupante, coinciden las y los reunidos en el Tercer Encuentro Nacional de Legisladoras de las comisiones de igualdad, titulares de los institutos o secretarías de la mujeres y presidentas/es de los tribunales de justicia.
Se hace un análisis de los cambios recientes en materia de diversos delitos sexuales, donde se agregaron supuestos con sanciones; incrementaron la penalidad para la violencia familiar; denominaron adecuadamente y derogaron tipos penales que eran incorrectos o discriminatorios; o se incorporaron nuevos tipos penales como violencia sobre derechos reproductivos, violencia obstétrica, fraude familiar y violencia patrimonial.
Además, tipificaron el delito de homicidio por razones de orientación sexual o identidad de género o reformaron el tipo penal de feminicidio, legislaron sobre órdenes de protección o adicionaron sanciones al servidor público por hostigamiento, como sucedió en Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Estado de México, Guanajuato, Morelos, Puebla, Tlaxcala y Zacatecas.
Todavía en 14 entidades federativas persiste la prohibición a las mujeres divorciadas para contraer nuevas nupcias en un plazo de 300 días, una condición que no se exige a los hombres en la misma circunstancia. Y es inadmisible que la pornografía infantil y la corrupción de menores se clasifiquen como delitos contra la moral y no como una franca violación a los derechos humanos de niñas y niños.
NTX
