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Defensoría pública requiere infraestructura ante nuevo sistema penal

A los miembros de la defensoría pública se les debe dotar de infraestructura física y tecnológica que les permita ejercer las exigencias que impone el nuevo sistema penal, señaló el consejero de la Judicatura Federal Felipe Borrego Estrada.

Al hablar de los retos del defensor público en el nuevo sistema de justicia penal, dijo que también “se debe instaurar un modelo de gestión que permita a la defensa realizar funciones de investigación, incluidas funciones periciales, bajo la óptica de la igualdad de armas frente al órgano acusador”.

Borrego expuso que “para que una persona cuente con una defensa penal adecuada y profesional es necesario que las instituciones encargadas de la defensoría pública se capaciten profundamente en el sistema, prueba de ello es la aplicación de las soluciones alternas”.

En su aportación en la última edición de la Revista del Instituto Federal de la Defensoría Pública, expuso además que se debe establecer en la ley que las defensorías públicas tengan independencia funcional y de gestión.

De igual manera, se podrían crear el instituto pericial de la defensoría y la unidad de seguimiento en la litigación del sistema de justicia penal acusatorio, así como mecanismos de seguridad para los defensores públicos en casos de alta peligrosidad.

Igualmente se tienen que homologar los esquemas de remuneración y las otras prestaciones de seguridad social de la defensoría pública, en relación con los correspondientes a los ministerios públicos o fiscales, sostuvo el consejero de la Judicatura Federal.

Otra propuesta es establecer un mecanismo permanente de seguimiento y evaluación de las funciones de la defensoría sobre la base de un adecuado sistema de indicadores, basado en un programa de trabajo con objetivos, metas y líneas de acción claras, precisas y medibles.

En el rubro de desarrollo humano, consideró necesario crear un código de ética para la defensoría pública apegado a los principios del sistema de justicia penal acusatorio, y considerar las opciones personales para las adscripciones de los defensores públicos.

Los defensores públicos deben contar con un plan de retiro eficiente y un esquema de estímulos, reconocimientos y recompensas, que se traduzca en un mecanismo de reconocimiento institucional a quienes se desempeñan su servicio de manera ejemplar, añadió Borrego Estada.

NTX

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