Editor
La diputada Arlette Muñoz hizo un llamado para cerrar filas con los integrantes de la sociedad civil y apoyar la iniciativa conocida como “ley 3 de 3”, con el fin de lograr las 120 mil firmas que se necesitan para materializar esta propuesta.
La iniciativa ciudadana promueve la creación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de lograr el apoyo, podrá ser dictaminada y discutida en la Cámara de Diputados.
Esta propuesta establece sanciones específicas frente a actos como el soborno, el desvío de recursos, el tráfico de influencias, el abuso de funciones, la obstrucción de la justicia y el enriquecimiento ilícito, entre otros actos ilegales, explicó en un comunicado.
Los integrantes de los diferentes Poderes de la Unión son quienes deben poner ejemplo para erradicar la corrupción, ser transparentes en todos los sentidos y trabajar con la sociedad para generar más y mejores instrumentos jurídicos que permitan combatir este lastre.
La legisladora destacó que para el Partido Acción Nacional (PAN), el combate a la corrupción forma parte de su agenda prioritaria en este segundo periodo de sesiones y que esa iniciativa acompaña bien la lucha que se impulsará la bancada blanquiazul en la Cámara de Diputados.
Explicó que los tres ejes fundamentales que propone la iniciativa son: la presentación de la declaración patrimonial, la de intereses y la fiscal, con lo cual se establecerían controles para la transparencia de las actividades de legisladores, mandatarios locales, Gobernadores y demás integrantes del sector público.
Indicó que erradicar el lastre de la corrupción que frena el desarrollo de México es una labor que debe sumar los esfuerzos de todos los sectores de la sociedad.
“Por ello resulta de gran valor la iniciativa ciudadana que promueve la creación de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, mejor conocida como Ley 3 de 3”, indicó Muñoz Cervantes.
Aseguró que los líderes de la clase política están obligados a respaldar y sumarse a tan loable proyecto, en función de que la corrupción representa la principal barrera de la confianza ciudadana frente a los servidores públicos de todos los niveles.
Además de que implica la pérdida de 1.5 billones de pesos al año, de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), abundó la legisladora por Aguascalientes.
NTX
