Editor
La nueva Ley Nacional de Ejecución Penal estará lista en el próximo periodo ordinario de sesiones, pese a la complejidad y desafío que implica asegurar la gobernabilidad de los centros penitenciarios y salvaguardar los derechos humanos de los internos, afirmó la presidenta de la Comisión de Gobernación del Senado, Cristina Díaz Salazar.
Al participar durante el último día de actividades y el acto de clausura del Séptimo Foro Nacional de Seguridad y Justicia, en el Auditorio Uno del Centro Médico Siglo XXI, con el tema la reforma al Sistema de Justicia Penal ¿Qué falta y quiénes están en falta?, la senadora por Nuevo León, puntualizó que hay grandes avances “y estamos seguros que iniciando el siguiente periodo estaremos casi listos para llevarlo al pleno de las comisiones y presentarlo al pleno del Senado”.
Durante el evento encabezado por el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; el gobernador del estado de México, Eruviel Ávila; el ex procurador General de la República, Sergio García Ramírez, y el presidente de México SOS, Alejandro Martí, la senadora Cristina Díaz explicó que a unos días de que concluyera el último periodo ordinario de sesiones en la Cámara Alta, los legisladores de las comisiones unidas estuvieron a punto de llegar a las conclusiones finales del dictamen.
Sin embargo, precisó que la misma complejidad de los temas los obligó a detenerse, a volver a observar con mucho cuidado todos los señalamientos al respecto, a fin de revisar la reforma de una manera integral, y no incurrir en apresuramientos u omisiones que dieran por resultado una normatividad incompleta o hecha al vapor.
Al participar en Mesa 9 “Qué leyes faltan para concretar la reforma penal, que involucra las leyes de Ejecución Penal, de Amparo, de Delincuencia Organizada, de Justicia para Adolescentes, de Colegiación Obligatoria para Abogados, y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la legisladora priista resaltó que el tema del presupuesto para la modernización del sistema penitenciario, también ha sido de gran relevancia en los trabajos legislativos.
Cristina Díaz dijo: “Lo que estamos observando es que es muy importante que en el siguiente periodo, en la Legislatura 63, tendremos que ir de la mano con nuestros compañeros de la Cámara de Diputados, pues no tendría caso si no buscamos las condiciones de un presupuesto que haga viable este nueva Ley Nacional de Ejecución Penal, que formará parte de un andamiaje jurídico necesario para el nuevo sistema penal”.
La presidenta de la Comisión de Gobernación detalló que en el Congreso llevan más de dos años trabajando en el proyecto, y que dada su complejidad se buscan los puntos de equilibrio, para garantizar el pleno funcionamiento del sistema penitenciario y las implicaciones en materia de seguridad versus protección de derechos humanos de las personas internas.
Adelantó que la Ley Nacional de Ejecución Penal tendrá como objetivo primero instaurar un sistema homologado de mecanismos de ejecución de las sanaciones penales que permitan la gobernabilidad de estos centros de privación de la libertad, pero siempre buscando garantizar el pleno respeto a los derechos humanos de las personas internas.
Puntualizó que el mayor reto en este contexto es la sobrepoblación que hay en los centros de reclusión, además, de otros fenómenos que se dan a partir de la sobrepoblación como es el hacinamiento, las condiciones insalubres, los llamados auto gobiernos y la falta de gobernabilidad al interior de estas instalaciones.
Todo ello va en perjuicio de los objetivos de la reinserción social y de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, advirtió la legisladora, quien agregó que también se está cuidando que se establezcan de manera clara y precisa los derechos de los internos sentenciados que gocen de libertad anticipada.
Cristina Díaz comentó que entre otros puntos, también se están definiendo las reglas que habrán de seguir las autoridades penitenciarias, para llevar a cabo el régimen de internamiento, ingresos, visitas a estos centros, revisiones personales, traslados, régimen disciplinario y siempre observando el principio de los Derechos Humanos.
En la mesa de la senadora, también participaron el Consejero Jurídico de la Presidencia de la República, Humberto Castillejos; la investigadora Susana Camacho Maciel, y la candidata a diputada federal, Mariana Benitez, con Alonso González Villalobos, como moderador en el tema.
NTX
