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El Congreso avanza el miércoles hacia la discusión y votación final de las reglas de una amplia reforma energética que romperá con más de siete décadas de monopolio estatal y abrirá a empresas privadas la exploración y producción de crudo y gas.
Avaladas en días previos por la Cámara de Diputados, al pleno del Senado llega la discusión de las últimas dos de las 21 leyes en las que se detallan bajo qué modalidades se permitirá a inversores extranjeros y nacionales explotar el sector energético del país, además de los mecanismos con los que el país espera garantizar el manejo de los millonarios recursos que espera recibir.
Con la aprobación de las llamadas leyes secundarias se completará el proceso legislativo de la reforma energética, pieza clave del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto con la que espera impulsar una nueva época de desarrollo de un país que pese a ser la segunda economía de Latinoamérica no ha logrado tener tasas anuales de crecimiento sostenidas por encima de 3% que se traduzcan en cambios sustanciales para la población, más de 40% de la cual se mantiene en la pobreza.
Las propuestas enviadas por Peña Nieto sufrieron algunas modificaciones, aunque ninguna representa un cambio en el sentido de la reforma que significa el fin de una época que se inició en 1938 cuando se nacionalizó la industria petrolera y cualquier asunto relacionado con los hidrocarburos era visto exclusivamente por la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), que ahora será un competidor más.
Con la reforma se abre la exploración y producción de crudo a empresas particulares y se permitirá la entrada de inversión privada al sector eléctrico, que hasta ahora también era monopolio de la compañía estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).
También se crea un fondo del petróleo, que bajo la supervisión del banco central mexicano será el encargado de administrar y distribuir los recursos que se reciban por la explotación de los hidrocarburos.
La izquierda se ha opuesto a la reforma bajo el argumento de que se privatizará un sector vital para la economía del país y ha prometido promover una consulta popular en 2015 para intentar revertir las modificaciones.
AFP
