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Las relaciones entre México y Estados Unidos siempre han sido complejas. La historia común entre las dos naciones cuya frontera natural es el Río Bravo está llena de encuentros y desencuentros, periodos de tensión, pero también de intensa cooperación.
En tiempos de la Revolución Mexicana, la convulsión del país derivada de la lucha armada tocaba intereses de la Unión Americana. El gobierno de ese país, que ya se perfilaba como la nueva potencia ante las afectaciones en Europa por la Primera Guerra Mundial, se mostraba reacio ante el gobierno de su vecino del sur.
Los llamados Tratados de Bucareli, que el 13 de agosto cumplen 91 años, sirvieron para reconocer diplomáticamente a México, en un contexto de presiones de Estados Unidos y en el que se acercaban elecciones presidenciales en territorio nacional.
Esos Tratados de Bucareli, entre México y Estados Unidos, como señala el historiador Javier GarciaDiego, incluyen dos convenios solemnes y un reconocimiento.
Luego de la revuelta de Agua Prieta, desde 1920, Estados Unidos decidió no otorgar reconocimiento diplomático a la presidencia de Adolfo de la Huerta ni a la de Álvaro Obregón, por considerar que habían llegado al poder mediante una insurrección.
Pero en 1923 la situación motivó un cambio de postura, pues para la Unión Americana representaría un precedente negativo que un mandatario mexicano concluyera su periodo de cuatro años sin el reconocimiento estadounidense.
A su vez, en México se acercaban elecciones presidenciales, y temía que Estados Unidos pudiera respaldar a la oposición, por lo que ambos gobiernos iniciaron conversaciones en mayo de 1923 con el propósito de establecer un convenio que garantizara supuestos derechos de los ciudadanos estadounidenses radicados en México en tiempos de la Revolución.
El texto fue suscrito en un edificio de la calle Bucareli, de ahí su nombre, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 26 de febrero de 1924. Contiene dos convenios y un reconocimiento.
El primer convenio tiene que ver con las reclamaciones por los daños sufridos por ciudadanos estadunidenses durante la Revolución Mexicana, y el acuerdo de integrar una comisión mixta para revisarlo.
Un segundo está relacionado con las reclamaciones de ciudadanos de ambos países por daños sufridos en el curso del tiempo; y, el tercero, era para validar las actas de las conversaciones, relacionadas con la aplicación de la Constitución en asuntos de reforma agraria y de petróleo.
En el libro Memoria política de México, Doralicia Carmona señala que el reconocimiento al gobierno de Obregón estaría condicionado a garantizar los derechos de propiedad de los estadounidenses radicados en México y de sus compañías petroleras en territorio mexicano.
Estados Unidos exigía la derogación de algunos artículos de la Constitución de 1917, entre ellos el 27, por considerar que lesionaba sus intereses económicos.
La segunda condición consistía en reanudar el pago de la deuda externa, suspendido durante el gobierno de Venustiano Carranza; mientras que la tercera era pagar a los extranjeros los daños personales o materiales sufridos durante la lucha revolucionaria.
Obregón aceptó los planteamientos estadounidenses y firmó los documentos el 13 de agosto de 1923, pero estos acuerdos concluyeron cuando Plutarco Elías Calles los rechazó tras asumir la presidencia en diciembre de 1924.
Elías Calles redactó una nueva ley sobre el petróleo que se apegaría estrictamente al Artículo 27 Constitucional, la cual fue promulgada en 1926 y que, en cierta medida, fue un antecedente al decreto de expropiación petrolera expedido por el presidente Lázaro Cárdenas el 18 de marzo de 1938.
NTX
