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El director general del Centro Multidisciplinario de Innovación Tecnológica, Carlos Sandoval Miranda, propuso a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) iniciar el ordenamiento territorial de los 31 mil núcleos agrarios.
Ello, con la finalidad de que con la aplicación de la Ley de Hidrocarburos, pasen a una “tercera generación de valor de la tierra, y así dejar de lado los subsidios y pasar a los procesos de inversión”, expuso la dependencia en un comunicado.
Sandoval Miranda ejemplificó que si la tierra necesaria para instalar un pozo petrolero de Petróleos Mexicanos (Pemex) fuera de tres hectáreas (superficie promedio para la construcción de un pozo en tierra firme), la empresa está obligada a indemnizar bajo condiciones actuales de “valor comercial”.
En promedio, por ejemplo, en la zona de Veracruz podría rondar en los 100 mil pesos la hectárea; sin embargo, la inversión para la construcción del pozo alcanza 100 millones de pesos.
“Ello significa que la participación de la tierra (un bien único e irrepetible) en un proyecto de inversión es de apenas 0.3 por ciento, lo que revela la inequidad del método, aun siendo éste de carácter universal”.
Por lo anterior, consideró necesario garantizar el ordenamiento territorial para las siguientes décadas “ante una Ley Energética que se observa prometedora”.
Mencionó que tan solo el Programa Estratégico de Formación en Recursos Humanos en Materia Energética del Consejo Nacional de, Ciencia y Tecnología (Conacyt) prevé que en los próximos cuatro años, la industria generará un mínimo de 135 mil empleos directos y de 365 mil empleos indirectos.
Como parte de una política de ordenamiento territorial integral y al aprovechar las modificaciones en materia de energía, Sandoval Miranda consideró que es momento de trabajar en cuatro vertientes.
La primera, en integrar planes de ordenamiento territorial a través del núcleo agrario como unidad básica de planeación; se debe determinar la vocación productiva, de crecimiento y de participación de la sociedad y los sujetos agrarios.
En segundo lugar, añadió, con la información generada a través del ordenamiento, vigilar que las indemnizaciones sean justas.
Lo anterior, a través de estudios que permitan determinar el valor integral del territorio y evitar la minusvalía de la tierra, en desventaja del núcleo agrario, generando a través de la renta petrolera la mayor oportunidad en la historia de moderna.
Como tercer punto, propuso que para el actor del medio rural que requiera “vender su tierra”, instrumentar planes de postventa, para integrar a los habitantes de los núcleos, al encadenamiento productivo y a los procesos de valor agregado en el uso final del territorio.
Al aprovechar los proyectos de infraestructura que se construirán a lo largo y ancho del territorio nacional, se considera un área de oportunidad única, apoyar la generación de un banco de tierra.
El objetivo sería que con la formación de inmobiliarias ejidales no sólo se asesore en la incorporación del núcleo agrario al desarrollo territorial y urbano, sino que se acompañe en la comercialización y participación en proyectos estratégicos.
Para lograr esto, puntualizó el investigador, se requiere de contar con un intermediario financiero que atienda al sector rural y cuenta con modelos de organización para el aprovechamiento de la tierra comunal.
Indicó que figuras como la Procuraduría Agraria y el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (Fifonafe), organismos desconcentrados de la Sedatu, han mantenido vínculos permanentes con los centros de investigación y la academia.
NTX
