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Autoridades electorales, organismos e instituciones especializadas en derechos de la población femenina presentaron el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, cuyo fin es prevenir esta práctica de cara a los comicios.
Los titulares del Tribunal Electoral federal, el INE y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, así como magistradas y funcionarias públicas, reconocieron que la violencia de cualquier tipo, sea política, familiar, social y/o económica contra las mujeres imposibilita el cabal ejercicio de sus derechos humanos.
“Cada que se agrede a una mujer por el hecho de serlo, se violenta a la sociedad en su conjunto”, expresó el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Constancio Carrasco Daza.
Dijo que la violencia estructural constituye un riesgo diario para las mujeres y un obstáculo que les impide avanzar en libertad, sin embargo aún se escuchan voces que niegan y buscan esconder esta realidad, bajo el argumento de que son casos aislados.
Agregó que ante el binomio violencia-impunidad, las mujeres son colocadas en un dilema en el que cualquiera de las opciones que lo componen suponen una gran pérdida, en términos de realización individual e implica ceder espacios de libertad y derechos que a lo largo de los años han logrado conquistar.
A su vez el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova señaló que el protocolo constituye el espíritu del nuevo modelo de la democracia mexicana, de la colaboración entre instituciones para establecer criterios, conceptos y contribuir al desarrollo de una democracia informada, equitativa e igualitaria.
De cara a los procesos electorales que se celebrarán el 5 de junio, expresó que es precisamente cuando la actuación de los órganos electorales “tenemos que desplegar no solamente nuestro compromiso, sino nuestra obligación de verificar el cumplimiento de las normas y, por supuesto, que las mismas ocurran sin violencia”.
Córdova Vianello confió que este instrumento será una herramienta más para avanzar en la sustentabilidad de la paridad de género, como un componente consustancial de la vida democrática.
En tanto que la magistrada María del Carmen Alanis Figueroa, del Tribunal Electoral federal, celebró que en el país se materialice el protocolo, sobre todo cuando la práctica de la violencia política aumenta día a día.
Se trata de una herramienta que busca visibilizar esa práctica, dado que tan solo en la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) hay 38 casos documentados derivados de los comicios de 2015.
Detalló que entre los objetivos del protocolo están prevenir actos de violencia política contra las mujeres, facilitar la identificación de esta práctica, así como evitar daños mayores a las víctimas, sus familias y personas cercanas.
Además generaría una adecuada coordinación entre las instituciones responsables de hacer frente a esta práctica, serviría de guía a partir de un enfoque general para atender violencia política con elementos de género en todas sus vertientes a niveles federal, estatal y municipal.
Alanis Figueroa hizo hincapié en que la paridad de género en el registro de las candidaturas es una obligación constitucional, en tanto que la jurisprudencia del TEPJF es obligatoria para todos los actores políticos y todas las autoridades electorales.
El titular de la Fepade, Santiago Nieto, resaltó que los elementos que establece el protocolo tienen que ver con dos conceptos: que se trate de actos de violencia contra una mujer por el solo hecho de serlo y que tenga un impacto diferenciado en su participación.
Nieto Castillo reconoció que desde el inicio hasta la conclusión del proceso federal 2015, se detectaron 38 casos de violencia política contra las mujeres, sin embargo “no teníamos un instrumento como el protocolo que nos pudiera determinar con claridad qué debíamos considerar como violencia política de género”.
A la iniciativa del Tribunal Electoral se sumó también la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y las comisiones Ejecutiva de Atención a Víctimas y Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres.
El Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas también se sumaron a esta iniciativa, así como grupos de mujeres en pro de los derechos humanos.
NTX
