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El dirigente de la CNC, Gerardo Sánchez, aseguró que no es sólo el maíz, sino todos los granos y algunas hortalizas los que se convirtieron en objetivo del crimen organizado, y por eso la central campesina logró acuerdos con los gobiernos federal y estatales a fin de proteger más a los productores y comercializadores y evitar que la delincuencia ponga en peligro la seguridad alimentaria de la nación.
El también senador comentó a Excélsior que una de las situaciones más graves la vivieron los aguacateros, pero gracias a las acciones anticrimen en Michoacán, desde enero, se ha garantizado la seguridad de estos productores.
“No es sólo una denuncia de la Confederación Nacional Campesina (CNC), sino creo que de todas las organizaciones, donde tienen presencia tanto empresariales como sociales, de forma tal que es una situación que a todos nos preocupa y que tenemos que buscar cómo realizar una sinergia para resolver un problema que embarga a los productores y que no podemos permitir.”
Ayer, este diario informó que la industria del maíz es víctima del acoso del crimen organizado, y el senador priista recordó que las secuelas “han afectado también al sector primario, con las cuotas, con las amenazas y con la incertidumbre que prevalece en algunas regiones y, obviamente, nosotros estamos haciendo los señalamientos correspondientes, a efecto de repudiar y rechazar este tipo de acciones por parte del crimen y tratando de proteger la integridad de los productores y también de favorecer a la producción nacional”.
El legislador informó que entre los productos que son sujetos de los ataques de los delincuentes está el sorgo y todo lo que corresponde a los granos, “a las hortalizas un poco menos, pero sí en el caso de los aguacateros de manera importante; sin embargo, como éstos se focalizan en Michoacán, prácticamente a partir de la estrategia del gobierno de la República, a partir de enero están ausentes propiamente los del crimen organizado, en las cuotas y las amenazas con los productores, particularmente de aguacate”.
Precisó que en los casos de los granos se mantiene la problemática en algunas zonas, porque son productos no perecederos, son más resistentes y esto permite un margen de maniobra; en el caso de las hortalizas dijo que es más complicado, pero “el gobierno está actuando con prontitud y ha sido solidario también con este tipo de denuncias, con este tipo de incidentes que hoy ocurren en nuestro país y creo que se han ido disminuyendo de manera importante”.
Añadió que “la CNC ha hecho las denuncias correspondientes, está en contacto con la autoridad federal, a efecto de que sean atendidos este tipo de incidentes; este tipo de irregularidades y anomalías y, por supuesto, en el caso necesario, utilizar a nuestros legisladores federales, tanto diputados como senadores, para que sean interlocutores con las instancias del gobierno y hacer llegar las inconformidades que han planteado nuestros compañeros productores.
“Somos gestores permanentes, coadyuvamos a la solución de los problemas y éste es uno de tantos que nos tiene atentos buscando proteger la integridad familiar y, por supuesto, también beneficiar a los productores y contribuir a la seguridad alimentaria del país”, agregó.
Afecta al precio
Desde hace tres años, Minsa paga entre 20 y 40 por ciento más por tonelada para mover su producto, debido al cobro de cuota del crimen organizado hacia las líneas transportistas.
Así lo dijo un directivo de esa empresa, quien pidió el anonimato, a Excélsior.
En promedio, Minsa trata con 40 líneas transportistas, y todas han sido extorsionadas.
Por eso en los precios que ofrecen a los clientes por fletes ya incluyen la extorsión impuesta por los delincuentes.
El año pasado, en promedio, hubo una averiguación previa diaria por el delito de extorsión, de acuerdo con la PGR.
Transportistas acusan que bandas han modificado su forma de operar
Si bien es cierto que las estrategias coordinadas de ataque a la delincuencia organizada en carreteras ha permitido que los robos al autotransporte de carga se hayan reducido, también lo es que las bandas han modificado su forma de operar, al pasar del asalto a la extorsión.
Asimismo, han pasado del robo en autopistas federales a realizarlo en calles de zonas urbanas y conurbadas.
De acuerdo con expertos de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga (Canacar) y de la Asociación Nacional de Transporte Privado (ANTP), incluso es un secreto a voces que las empresas transportistas ya incluyen en sus presupuestos los pagos por extorsión, seguridad privada y aumento en primas en pólizas de seguros.
José Refugio Muñoz, director de la Canacar, explicó que “es un secreto a voces que en determinadas zonas del país los transportistas tienen que pagar el llamado derecho de piso para que los delincuentes permitan el tránsito de los camiones”.
Dijo que los montos de las cuotas varían y que sólo las empresas que las pagan saben los montos, y que el costo por el “derecho de piso” varía conforme el tipo carga.
Si se trata de operación en puertos, sostuvo, se paga por contenedor movilizado, y si la empresa está establecida en el lugar, entonces se establece una cuota fija.
Entre firmas de sector se coincidió que entre tales zonas se encuentra el puerto de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Asimismo, mencionaron a Tamaulipas, específicamente Matamoros, Altamira y Río Bravo.
Explicaron que en muchos casos el dueño de la carga contrata una póliza de seguro, según el producto, y cuerpos de seguridad privada.
En el caso de que el dueño de la carga quiera que sea el autotransportista el que garantice la integridad de la mercancía, entonces la empresa del traslado contrata el seguro, pero al final de cuentas el costo se agrega en el precio final por el flete.
Muñoz comentó que la eficacia de los operativos federales provocó que las bandas seleccionen ahora carreteras en las que la Policía Federal no tiene jurisdicción, así como caminos en zonas urbanas y conurbadas.
Expertos de la ANTP explicaron que, además, los delincuentes han encontrado que el robo de unidades completas es más fácil cerca de las ciudades y poblados, ya que es menor el recorrido que deben hacer para llevar la mercancía robada hasta sitios de acopio y de distribución.
En el caso del transporte privado, la pérdida en caso de robo es doble, ya que se trata de mercancía que la propia delincuencia saca a la venta en el mercado negro.
Pero adicionalmente, comentaron que hay poblados en los que entre los mismos habitantes apoyan las acciones de los criminales para obtener algún provecho.
En cuanto a Ferromex, los datos indican que en los últimos seis o siete años el asalto a los trenes de carga se ha incrementado de manera exponencial, y en 2013 la delincuencia especializada en el robo a ferrocarriles obtuvo un botín superior a los 500 millones de pesos, de los que casi 60 por ciento fueron productos agrícolas, especialmente granos.
Pese a que para la industria ferroviaria esas acciones afectan a sólo uno por ciento de los convoyes que mueve al año, el gasto en seguridad es de 10 millones de dólares, en una estimación conjunta de todas la compañías del ramo.
Excélsior
