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México debe fortalecer su marco legal en materia de testigos protegidos, pues es fundamental en el combate contra la corrupción, señaló el representante de la Oficina de la ONU contra la Droga y el Delito en México, Antonio Luigi Mazzitelli.
En el marco del Primer Foro Nacional Anticorrupción, que organizó la bancada del PAN en el Senado, expuso que la corrupción cada año introduce al sistema financiero mundial 1.6 trillones de dólares, equivalentes a 2.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) global.
“Reforzar el marco normativo existente con respecto a la protección de testigos y los colaboradores de justicia, whistle-blower, soplones, sapos”, pidió el especialista de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
“Y esto es seguramente un instrumento extremamente importante, que debería ser valorizado mucho en la lucha no sólo a la corrupción sino también al crimen organizado”, comentó.
“Hoy en día los colaboradores de justicia, son fundamentales para llevar a cabo investigaciones que sean concluyentes en materia de lucha a la corrupción, del crimen organizado”, agregó.
A su vez, el coordinador del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados, Marko Cortés Mendoza, comentó que la corrupción es el lastre que impide el crecimiento del país y no habrá manera de estar mejor, sino se controlan sus altos índices.
Argumentó que la corrupción no es un tema de partidos, ni exclusivo de los gobiernos, ni de los representantes, es un problema de Estado de derecho, un problema institucional, un diseño que se tiene que cambiar.
“Una sociedad que acepta como forma de vida y ve normal prácticas como la mordida, es una sociedad que está enferma, de ese tamaño es el problema que tenemos en México (…) quitar los mitos de aquello de que el que no tranza no avanza, eso es lo que tenemos que cambiar”, aseveró.
A su vez, el coordinador del PAN en el Senado, Fernando Herrera Ávila, opinó que se tienen que modificar más de 20 ordenamientos para concluir la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, además de nombrar un fiscal anticorrupción con un respaldo legal, que le permita hacer tareas correctivas, preventivas y coercitivas.
Durante el foro, especialistas y legisladores expusieron que se tiene hasta mayo próximo para aprobar la legislación secundaria del Sistema Nacional Anticorrupción, que intentará fortalecer el tema de la transparencia y combatir actos ilícitos de cualquier tipo en los gobiernos de los tres niveles.
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