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El Instituto Nacional Electoral (INE) mantiene una estrecha coordinación con autoridades electorales de los 14 estados donde habrá comicios, así como con las instancias de gobierno federales y locales responsables del “blindaje” de seguridad para garantizar las contiendas, afirmó el consejero presidente Lorenzo Córdova.
En entrevista dijo que aunado a ello este jueves se reunió con funcionarios, dirigentes de partidos políticos y diputados locales para coordinarse y atender las dudas respecto de las reglas que regularán la elección de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, como la prohibición de utilizar los programas sociales con fines partidistas.
“Esto ya se ensayó bien el año pasado y gracias a esta coordinación (en materia de seguridad) es que pudimos construir el orden democrático que nos permitió que hubiera elecciones en todo el país y ahora nos va permitir y nos está generando las condiciones para que haya elecciones en las 14 elecciones en las que estamos actuando”, asentó.
Córdova Vianello dijo que las condiciones de seguridad “son siempre una preocupación que el INE enfrenta casuísticamente dependiendo de cada circunstancia en específico y construyendo protocolos que garanticen la seguridad de nuestros funcionarios y permitan instalar las casillas previstas en las 14 entidades donde se realizarán comicios”.
De tal suerte que “esto implica un trabajo de coordinación no solamente del INE con los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLEs) (de los 14 estados con elecciones), sino también del Instituto con las distintas instancias de gobierno federales y locales que son responsables de la seguridad”, enfatizó.
Respecto de la reunión con autoridades capitalinas, indicó que los encuentros forman parte de una serie de acercamientos que iniciaron con integrantes del Gobierno local y los jefes delegacionales para “socializar” los criterios que aprobó el Instituto para la elección de los 60 diputados al Constituyente con miras a garantizar la equidad de la contienda.
Las reuniones, dijo, “han sido promovidas a instancias de la secretaría de gobierno como una manera de socializar cuales son las normas que el INE ha emitido para la elección del Constituyente y sobre todo, las reglas que ha establecido en términos de las prohibiciones o los condicionamientos para garantizar la imparcialidad de los servidores públicos”.
Con ello, se busca garantizar el uso debido, no apartidista, de los programas sociales y todo lo relativo a la propaganda gubernamental.
El titular del INE mencionó que el órgano electoral nacional aprobó un conjunto de restricciones “y las ha afinado en una serie de acuerdos y estas reuniones nos han servido para no solamente compartir con los distintos interlocutores los avances y tiempos del proceso electoral sino también éstas reglas que son indispensables para la equidad de la contienda”.
Se trata, insistió, de un ejercicio de socialización “digamos de las reglas que tenemos, partiendo de un principio de que no todas las sesiones del Consejo General son seguidas por todos”.
Lorenzo Córdova comentó que durante el encuentro realizado en la sede del INE y al que acudió la secretaria general de gobierno capitalino, Patricia Mercado, se atendieron las dudas y preocupaciones de los partidos en un proceso absolutamente inédito de las reglas que regulan la elección.
Entre ellas, el acceso a los tiempos en radio y televisión, la distribución en que se asignarán de los diputados por el principio de representación proporcional, dependiendo de los resultados de la contienda.
Además, “esta reunión sirvió también para explicar ese tipo de procedimientos y una serie de dudas a propósito de actos anticipados de campaña, del tipo de propaganda de cómo y ante quien deberían presentar sus quejas”, dado que antes se presentaban ante las instancias electorales locales y ahora deben ser ante el INE.
Entonces, “todas las dudas fueron atendidas y, por supuesto, quedamos a disposición de realizar cuántas reuniones más sean necesarias”, concluyó.
Por otra parte, Lorenzo Córdova dijo que el INE acatará el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), que lo emplazó a individualizar en un plazo de 15 días, la sanción que había impuesto al PVEM y que fue revocada la víspera, por la Sala Superior.
Para ello, el Instituto deberá tomar como base el monto involucrado por 107 millones 485 mil 237 pesos pagados por parte de los grupos parlamentarios para la contratación de propaganda, situación que está prohibida por la ley.
Además, deberá calificar la gravedad de la infracción a partir de trascendencia de la trasgresión al marco constitucional y legal en materia de fiscalización, por el uso de recursos provenientes de entes prohibidos.
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