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Defensores de los derechos humanos destacaron la excelente actuación que tuvo la embajada de México en Honduras, bajo la tutela de la embajadora Dolores Jiménez Hernández, para garantizar la integridad de Gustavo Castro Soto.
Así lo revelaron Edgar Cortés, del Instituto Mexicano de los Derechos Humanos; Miguel Ángel Miganjos, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería; y Gustavo Lozano, de Rema y Mapder, al manifestar su postura ante el proceso que tuvo que enfrentar el activista mexicano de “Otros Mundos Chiapas”.
En conferencia de prensa, los ponentes advirtieron que tras la misión en la que Gustavo Lozano, participó ante el caso de Gustavo y Berta Cáceres en Honduras, se pudo comprobar que ese país “se ha convertido en uno de los países más peligrosos del mundo para los defensores de los derechos humanos”.
Dicha situación afecta en particular a quienes defienden al medio ambiente, la tierra y el territorio, ya que en ese país no están garantizado los derechos a los principios democráticos, las libertades fundamentales y derechos humanos establecidos en el derecho internacional establecidos, advirtieron.
Por lo anterior es común que jueces sufran actos de intimidación e injerencia política, y hay una falta de independencia al sistema judicial y una debilidad manifiesta del Estado de derecho agravados a partir del golpe de Estado de 2009, subrayó Gustavo Lozano.
El pasado 3 de marzo, Gustavo Castro fue herido por un grupo fuertemente armado que ingresó con lujo de violencia a la casa de Berta Cáceres para asesinarla, por lo que el activista mexicano fue requerido como testigo de los hechos por la justicia hondureña.
Sin embargo, el proceso se prolongó por más de un mes dada una serie de irregularidades que pusieron en riesgo la vida del activista, quien fue resguardado en la embajada de México en Honduras, hasta que las autoridades le permitieron regresar al país.
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