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El Instituto Nacional Electoral (INE) estudia la petición de que el secretario ejecutivo Edmundo Jacobo Molina ejerza su facultad de oficial electoral en el estado de Nayarit y dé fe de la contienda del 6 de julio.
Entrevistado durante la presentación del denominado “Informe País: sobre la Calidad de la Ciudadanía”, el consejero electoral Marco Antonio Baños indicó que el INE hará una revisión cuidadosa antes de hacer algún pronunciamiento, porque es un tema muy delicado.
Adelantó que las peticiones se analizarán durante la reunión semanal, “estamos en esa revisión, mañana abordaremos el tema en la mesa de consejeros electorales y tomaremos una decisión en términos de lo constitucional y de lo que la ley establezca”.
“A partir de la última sesión del Consejo General estamos revisando la propuesta que presentaron los partidos Movimiento Ciudadano y de la Revolución Democrática a través de sus legisladores, en el sentido de que el INE pudiera hacer una especie de exhorto a las autoridades de Nayarit”, detalló Baños Martínez.
A su vez, el también consejero electoral del INE, Javier Santiago Castillo, recordó que el instituto deberá estudiar la petición, dado que carece de una norma en ese sentido, sobre todo porque se trata de un asunto que no sólo pudiera considerarse delicado, sino grave.
“Bueno, no sólo delicado, pudieran llegar a calificarse de graves los incidentes y la actitud que ha tenido el gobernador (Roberto Sandoval Castañeda) con los partidos opositores”, expuso.
Luego de que el gobernador Sandoval acusara a los partidos que se oponen al Partido Revolucionario Institucional (PRI) “de ser financiados por el narcotráfico” en Nayarit.
Dijo que “la vida democrática no amerita ese tipo de relación institucional, no. La relación institucional de parte de los gobiernos tiene que ser respetuosa con los actores políticos”.
Consideró que “una acusación de esa naturaleza es sumamente delicada, o sea, si tiene pruebas debería presentarlas ante el Ministerio Público para que se procediera contra los candidatos que supuestamente han sido financiados por la delincuencia organizada, y si no tiene pruebas, si sólo es un elemento del discurso político, pues es totalmente inapropiado”.
El Artículo 51, párrafo tercero, de la recién aprobada Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (Legipe) faculta al instituto a ejercer y atender oportunamente la función de oficialía electoral por sí, o por conducto de los vocales secretarios de las juntas ejecutivas locales y distritales, agregó.
También, a través de “otros servidores públicos del instituto en los que delegue dicha función respecto de actos o hechos exclusivamente de naturaleza electoral”.
Asimismo, establece que el secretario ejecutivo “podrá delegar la atribución en servidores públicos a su cargo y certificar los actos que pudieran alterar la equidad de una contienda”, concluyó.
NTX
