Editor
El secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, informó que el presidente Enrique Peña Nieto envió el 30 de septiembre pasado a la Cámara de Diputados la iniciativa de ley reglamentaria de la reciente reforma constitucional en materia de competitividad.
Acompañado por el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, el encargado de las finanzas públicas del país explicó que la iniciativa de “Ley para impulsar el incremento sostenido de la productividad y competitividad de la economía nacional” es reglamentaria de las recientes reformas constitucionales a los artículos 25 y 26.
En rueda de prensa conjunta, señaló que dicha iniciativa tiene el objetivo de establecer un marco de políticas públicas para el impulso y mejora de la competitividad.
Mencionó que también se envió una iniciativa de reforma para modificar la Ley de Planeación, a fin de establecer una visión de largo plazo en los instrumentos del sistema mexicano de planeación democrática.
“De merecer la aprobación de las cámaras de Diputados y de Senadores, sin duda alguna nos daría instrumentos de calidad, instrumentos permanentes para tener una verdadera política de Estado en fomento de la productividad y de la competitividad nacional”, resaltó el funcionario.
Explicó que esta iniciativa tiene como motivo la política industrial y de fomento económico que México tenía hace algunas décadas, basada en un modelo de sustitución de importaciones, de un Estado propietario de los medios de producción.
Conforme este modelo se agoto, dijo, las consecuencias económicas para Mexico y el mundo dieron un viraje donde prácticamente se renunció a la política de fomento económico.
A partir de entonces, acoto, el mundo evolucionó y hoy todas las naciones, incluidas las economías vigorosas basadas en el sistema de mercado y con un papel preponderante de la iniciativa privada, tienen instrumentos activos de política de fomento económico.
Sin embargo, México se ha mantenido durante mucho tiempo bajo el paradigma de que no debería existir una política activa de fomento económico, refirió.
El titular de Hacienda aclaró que con esta iniciativa “no se trata de regresar a los instrumentos de política pública ni a la visión de los años 60 y 70, cuando la política industrial significaba un Estado propietario de los medios de producción o un activismo del Estado, sustituyendo a la iniciativa privada”.
De lo que se trata, dijo, es de generar una política de fomento económico moderna, que entienda que la creación de empleos, de valor y de capital lo realice el sector privado, pero que lo puede hacer mejor cuando hace equipo con el sector público, en particular con el gobierno federal.
Para ello se requiere un marco claro de política de fomento económico que utilice los instrumentos del Estado, en una lógica de mercado para generar condiciones en particular en las industrias o sectores que requieren un marco especifico para aprovechar su potencial, apuntó.
Videgaray Caso reiteró que con esta iniciativa se busca dar permanencia y obligatoriedad a estos instrumentos para la generación de políticas de fomento económico proactivas que partan del acuerdo entre los sectores productivos, con el apoyo del gobierno federal.
Confió que la eventual aprobación de esta iniciativa de ley reglamentaria beneficiará no sólo la competitividad y la productividad del país, sino también a la economía familiar de la mayoría de los mexicanos.
Sostuvo que si bien las reformas son un paso en la dirección correcta, se requiere de una política proactiva, moderna y compatible con la integración de México a la globalidad y el desarrollo de una economía de mercado que generen instrumentos concretos para una mayor competitividad y productividad.
El presidente de la Comisión de Competitividad de la Cámara de Diputados, Adolfo Oribe, comentó por su parte que el cronograma para procesar esta iniciativa implica que hoy se turne a comisiones, donde el 14 de octubre será explicada por funcionarios de las secretarias de Hacienda y Economía.
Luego de recibir las opiniones del sector privado y organismos internacionales, en la tercera o cuarta semana de octubre, las comisiones unidas de Economía y Competitividad discutirán sus posiciones sobre la iniciativa, para que a principios de noviembre se presente ante el pleno de la Cámara de Diputados.
NTX
