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El Consejo General del INE aprobó el acuerdo por el que se solicita apoyo al presidente y los gobernadores, alcaldes y jefes delegacionales para garantizar que los programas sociales se apeguen a sus reglas de operación y evitar su uso con fines electorales.
La finalidad es que se apliquen las medidas necesarias para garantizar que la ejecución y el reparto de bienes, servicios y recursos de los programas bajo su responsabilidad, se apeguen a su objeto y reglas de operación.
Además, evitar su uso con fines electorales, en el marco del Proceso Electoral Federal y los Procesos Electorales Locales 2014-2015.
El proyecto de acuerdo, elaborado por la consejera electoral Pamela San Martín, fue aprobado por unanimidad en lo general, pero en lo particular se le hicieron algunas modificaciones en los puntos segundo, tercero, cuarto y quinto, así como en los considerados 8, 10, 17, 18, 23 y 24.
Pese a que la discusión del proyecto de acuerdo se aplazó una semana, a propuesta del consejero Marco Antonio Baños, los representantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), José Antonio Hernández, y del Partido VErde Ecologista de México (PVEM), Jorge Herrera, se quejaron que era insuficiente el tiempo otorgado.
Al presentar el acuerdo, la consejera Pamela San Martín sustentó su aprobación en que las instituciones electorales han tenido conocimiento de quejas relacionadas con la ejecución de programas sociales utilizados con fines distintos a su objeto para influir en la competencia electoral.
Explicó que la inclusión de elementos visuales, auditivos, nombres, mensajes o símbolos que conlleven velada, implícitamente o explícitamente la promoción de un gobierno o sus logros en relación con los programas sociales, es contraria al principio de imparcialidad y en consecuencia, afecta la equidad y el efectivo ejercicio del derecho al voto libre.
La consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) propuso algunas precisiones al proyecto, tanto para aclarar lo relativo al apego a las reglas de operación por parte de esos programas sociales para exceptuar el del Fondo de Desastres Naturales, el cual no debe tener el mismo tratamiento.
Asimismo, que ante la existencia de indicios respecto a utilización de programas sociales con fines electorales, se dé inicio, de inmediato, al Procedimiento Ordinario Sancionador correspondiente y, en su caso, se dé vista a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade).
A su vez, el representante del PRI, José Antonio Hernández Fraguas, consideró que preocupa que la semana pasada se haya diferido la discusión de esos asuntos por no conocer el fondo y que hoy, apenas minutos antes, se conociera el engrose de lo que se discute.
Agregó que el acuerdo es redundante respecto a la parte de antecedentes, ya que en el capítulo de antecedentes se retoman los acuerdos aprobados en 2009 y 2011 sobre imparcialidad, cuando en éste se pretenden regular de manera específica los programas sociales y sus reglas de operación.
En su oportunidad, el consejero Ciro Murayama señaló que los programas sociales son del todo pertinentes para asegurar derechos fundamentales de los individuos y para que el Estado intervenga contra las condiciones de marginación, pobreza y exclusión social.
Ello, para que esas condiciones no sean usadas con fines político electorales por gobernantes y partidos.
Subrayó que los programas sociales no pueden ser ocurrencias ni usados de manera discrecional, por lo que se deben definir aquellos a través de los cuales se otorguen subsidios y los que deberán sujetarse a reglas de operación.
En su oportunidad, el representante del PVEM, Jorge Herrera, externó su preocupación por la insistencia de incluir una redacción que pueda dar a pensar que se está tratando de inhibir lo relativo al apagón digital.
“Creo que eso debemos dejarlo a la autoridad jurisdiccional que lo resuelva; no vayamos más allá, no ensuciemos esto que tiene, sin duda, un noble propósito”, concluyó.
NTX
