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Los derechos políticos son la clave fundamental para una sociedad democrática, porque sin ellos no puede haber el disfrute completo de otros derechos, afirmó Manuel González Oropeza, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
“Sin derechos políticos no hay realmente un disfrute, no puede haber un disfrute completo de la libertad de expresión, de la libertad de asociación, de la libertad de pensamiento o de movimiento”, expresó.
El magistrado expuso lo anterior al participar en la primera emisión del programa Punto y Aparte, que será transmitido semanalmente a través de Plataforma Electoral, el canal de televisión por Internet del TEPJF, para difundir el trabajo editorial y las publicaciones de este órgano jurisdiccional.
También destacó la iniciativa de contar con un programa para difundir los contenidos de los libros que publica el Tribunal Electoral, así como la necesidad de tener material relacionado con el derecho electoral y obras especializadas.
El magistrado sostuvo una charla con Carlos Báez Silva, director del Centro de Capacitación Judicial del TEPJF y con Víctor Alarcón Olguín, académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Iztapalapa y especialista en temas electorales.
En su intervención comentó el Manifiesto del presidente de la Corte de Justicia a la Nación, edición facsimilar de José María Iglesias y aseguró que este texto es prácticamente el inicio de la justicia electoral en nuestro país.
“Un inicio que tardó muchos años en darse, porque estuvimos desarrollando el juicio de amparo y la protección de los derechos humanos en general, pero debido a la influencia de ciertas decisiones de los tribunales norteamericanos, se consideraba que las cuestiones electorales eran cuestiones políticas”.
“Que los derechos que implicaban estas cuestiones políticas no eran susceptibles de ser protegidas por el juicio de amparo”, dijo el magistrado.
González Oropeza destacó la contribución de José María Iglesias, quien fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a la protección de los derechos político-electorales y a la justicia electoral.
Recordó que Iglesias resolvió en 1874 un juicio de amparo sobre la legitimidad en la elección de gobernador del estado de Morelos, que marcó el inicio de la intervención de la Corte en los asuntos electorales.
A partir de allí, aseguró, el “hecho de que la Suprema Corte de Justicia interviniera para decidir quién era la autoridad legítima del Estado, y en consecuencia proteger los derechos de ciudadanos de cualquier acto arbitrario de su usurpador que se ostentó como gobernador, era una cuestión ética en nuestro país que se hacía por primera vez”.
“Iglesias pone en duda que los Colegios Electorales sean soberanos, porque la única soberanía proviene de la ley, no de los políticos; por eso dice que sobre la Constitución nada”, indicó.
El magistrado refirió que José María Iglesias fue un jurista con una agudeza intelectual importante, que acompañó al entonces presidente Benito Juárez, como uno de los colaboradores más fieles y uno de los intelectuales más robustos.
NTX
