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El Instituto para la Seguridad y Democracia desarrolla protocolos para apoyar la labor de los agentes investigadores y procuradurías del país en la investigación y resolución de casos de tortura, desapariciones forzadas, feminicidios y trata.
El director ejecutivo de esa asociación civil, Ernesto Portillo Vargas, explicó que esos protocolos buscan dar herramientas a las autoridades encargadas de investigar ese tipo de delitos para tener una mejor cadena de custodia, integración de los expedientes y por ende, que el juez pueda dictar sentencia.
“Si bien la reforma judicial ha traído nuevas oportunidades y alternativas para impartir justicia, también ha traído importantes retos y obliga a las autoridades a cumplir con un proceso de investigación y una cadena de custodia tanto de los detenidos como de la escena del crimen muy profesional”, explicó.
Entrevistado en el marco de los trabajos de los “Diálogos y Capacitación por los Derechos Humanos: Contra las Desapariciones, Feminicidio, y trata de personas en la Península de Yucatán”, expuso que el principal problema a superar es que hay muchas denuncias de esos y otros delitos, pero muy pocas sentencias.
“En todas las procuradurías del país hay miles de denuncias por tortura, la mayoría se supone se dieron cuando la persona estaba en camino a ser presentada ante una autoridad, cuando estaba bajo custodia de los agentes policíacos o policías ministeriales”, dijo.
Sin embargo, casi ninguna de esas denuncias es investigada y las que lo han sido, muchas veces no llegan a una sentencia o condena por parte de un juez, por lo que ahí es donde está el mayor reto en el tema de la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos.
Por ello, el Instituto desarrolla protocolos que buscan ayudar a los agentes y procuradurías del país, que así lo consideren, a tener más herramientas para investigar, integrar el expediente y hacer que los jueces puedan tener un caso sólido y emitir una sentencia, añadió.
Los protolocos abarcan desde el tema de tortura, feminicidio, desaparición, trata de personas, entre otros, y están diseñados para evitar violaciones a los derechos humanos, pero también para salvaguardar los derechos de las víctimas de los delitos.
Explicó que en la página electrónica de la asociación civil que representa ya existe un acercamiento con varias autoridades y otros organismos de la sociedad civil para que los protocolos vayan integrándose de manera paulatina al trabajo que se realiza en el país.
NTX
