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Representantes del Estado mexicano presentaron al pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) los retos y avances en materia de atención y prevención de desapariciones de niñas, niños y adolescentes.
En un comunicado, la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer que en este sentido la representación nacional informó que México trabaja en “una reforma social”, a través de la implementación de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA).
Al participar en el 157 periodo de Audiencias Públicas de la CIDH sobre desapariciones de niñas, niños y adolescentes, expuso que esa ley representa uno de los mayores avances en materia de protección y garantía de derechos humanos que ha realizado el país.
El secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), Ricardo Bucio Mújica, aseguró que para un Estado democrático redefinido desde los derechos humanos, toda desaparición de personas dentro del núcleo familiar es dolorosa.
El funcionario mexicano, quien encabezó la representación del Estado mexicano en esa audiencia, manifestó que lo anterior deja incompleto al país y debe tener obligación de búsqueda, investigación, sanción y reparación del daño.
Bucio Mújica indicó que el espíritu de la LGDNNA radica en la protección de ese grupo poblacional contra toda forma de violencia que pueda afectar su desarrollo físico, mental, psicológico y social.
Sobre todo, en casos de violaciones graves a sus derechos humanos, como en el tema de desaparición, expuso con el subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la cancillería, Miguel Ruiz Cabañas, y la procuradora Federal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes, Nelly Montealegre,
La delegación mexicana aseguró que la implementación de esta legislación ha avanzado en poco tiempo y con tanta extensión en México como ningún otro proceso de derechos humanos, pues hasta hoy todas las entidades de la República cuentan con su propia ley de protección de derecho.
Además, se han instalado 15 sistemas de protección integral estatales y 238 municipales y se encuentran en funcionamiento 23 procuradurías de protección especial.
Ello significa una renovada estructura institucional y legal en favor de los derechos de 39.2 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México.
Indicó que a partir del reconocimiento de la problemática que enfrenta el Estado en materia de desaparición de niñas, niños y adolescentes, la representación mexicana presentó ante la CIDH y las organizaciones de la sociedad civil compromisos para fortalecer la política nacional de derechos.
Los compromisos son generar una mesa de colaboración intergubernamental en el marco de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sobre el tema de protección y de desapariciones.
Asimismo, fortalecer la iniciativa de Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de desaparición de personas en conjunto con el Poder Legislativo, estableciendo un apartado específico sobre casos de niñas, niños y adolescentes.
Del mismo modo, continuar con el desarrollo del Registro Nacional de Centros de Asistencia Social, así como revisar y mejorar la funcionalidad de la Alerta Amber.
También crear un grupo de trabajo interinstitucional con las autoridades responsables de investigación y búsqueda para analizar y resolver casos específicos de desaparición de niñas, niños y adolescentes, en el seno del Sistema Nacional de Protección Integral.
Anunció que enviará a la CIDH un reporte periódico sobre los avances a esos compromisos, para su conocimiento y comentarios, e invitó a la relatora de infancia de dicha Comisión, Esmeralda Arosemena, a dar seguimiento puntual a los compromisos establecidos.
NTX
