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El presidente de la Sala Superior del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, propuso aprovechar la oportunidad que representa la integración de la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México para construir una constitución política de vanguardia.
Esto es, dijo, que se inserte en la lógica del sistema interamericano de derechos humanos, que sea el punto de referencia para el ejercicio de la pluralidad política y el pleno desarrollo de los derechos políticos de sus habitantes.
“Una Constitución que respete la pluralidad de pensamiento, el libre desarrollo de la personalidad, el pleno ejercicio de los derechos políticos y, fundamentalmente, que respete la dignidad humana”, sostuvo en un comunicado.
Al participar en el foro “Reforma Electoral de la Ciudad de México, por un marco jurídico electoral de vanguardia”, que se llevó a cabo en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Carrasco Daza dijo que son tres los grandes retos que tendrán los 100 diputados que a partir de junio, formarán parte de la Asamblea Constituyente.
Uno, indicó, considerar que las mujeres y hombres que se hallen en reclusión preventiva o sujetos a un proceso penal, tengan derecho a emitir su voto; dos, privilegiar el debate de políticas públicas entre candidatos y partidos, durante las campañas, para construir una ciudadanía más participativa.
Además, revisar los métodos de selección de las autoridades electorales administrativas que se encargan de los procesos sancionadores en la Ciudad de México.
El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) reiteró que la Asamblea Constituyente tiene frente a sí la oportunidad histórica de conseguir que la primera constitución política de la Ciudad de México sea una creación normativa vanguardista.
Planteó el voto de las mujeres y los hombres en prisión, recordó que “el derecho a la reinserción es un derecho humano consagrado en la Constitución”.
Constancia Carrasco destacó que la Corte Europea, como otros tribunales comunitarios, establecieron precedentes en los que es posible ejercer los derechos político-electorales, aún con sentencia de condena, con limitaciones menores y al atender los principios de racionalidad, eficacia y proporcionalidad de las sanciones.
Al ejercer sus derechos políticos a través del voto, la población en reclusión quedaría incorporada en las políticas públicas de los gobernantes, anotó.
En este marco, explicó que el ejercicio de los derechos políticos de los reclusos es condición indispensable para hacer efectiva su reinserción a la sociedad, y las mujeres y hombres en prisión pierden su libertad, pero no su dignidad humana.
El titular del TEPJF se refirió a la necesidad de privilegiar las propuestas de políticas públicas en las campañas, lo mismo en debates políticos, que en spots o en mítines partidistas.
Consideró la necesidad que sean las universidades públicas y privadas, agrupaciones de la sociedad civil y grupos empresariales, entre otros sectores de la población, quienes perfilen el debate de partidos y candidatos, al concentrar la atención en las propuestas de políticas públicas.
Explicó que ello permitiría garantizar el derecho a la información de los electores, construir ciudadanía y allanar el camino hacia un voto razonado e informado.
Consideró que en el marco de la discusión de la nueva constitución, los constituyentes podrían revisar también los métodos de selección de las autoridades electorales administrativas que se encargan de los procesos sancionadores en la Ciudad de México, con la finalidad de garantizar un debido proceso a todos los justiciables.
NTX
